Por Ernesto TOVAR
Soldados
venezolanos montan guardia en un puesto de control en Paraguachón,
estado Zulia, Venezuela, en la frontera con Colombia, el 14 de
septiembre de 2015 (AFP / Federico Parra)
copy http://www.afp.com/
LA GUAJIRA, frontera Venezuela-Colombia, 23 de septiembre de 2015 - Una
larga fila de vehículos viejos y destartalados indica que la frontera
entre Colombia y Venezuela está cerca. Conocidos como “lanchones” por su
longitud, estos automóviles -con tanques capaces de albergar hasta más
de cien litros de gasolina- simbolizan el contrabando de mercancías que
domina la economía de la Guajira colombo-venezolana.
Golpeada por la pobreza y la carencia de servicios públicos, esta
región paradójicamente genera millonarias ganancias para las mafias que
aprovechan las diferencias abismales de precios entre los dos países,
haciendo de la ilegalidad una rutina.
Soldados
venezolanos revisan los vehículos en un puesto de control en
Paraguachón, estado Zulia, Venezuela, el 14 de septiembre de 2015 (AFP /
Federico Parra)
En la frontera parece que el tiempo no pasa. Generación tras
generación el negocio más lucrativo ha sido el del comercio ilegal
amparado en la impunidad: gasolina, alimentos básicos, productos de
cuidado personal, cemento y, recientemente, hasta billetes del bolívar
venezolano… Cualquier producto con precios regulados por el gobierno
venezolano se vende con astronómicas ganancias al otro lado de la
frontera gracias al diferencial cambiario entre el peso colombiano y el
bolívar.
El contrabando en Zulia o Táchira, dos de los estados más poblados de
Venezuela, no es nuevo. Desde hace décadas el tráfico de mercancías ha
encontrado terreno fértil en poblaciones colombianas como Maicao,
Paraguachón o Cúcuta, y venezolanas como Paraguaipoa, Ureña o San
Antonio, donde esa actividad es la tabla de salvación para muchos ante
la falta de oportunidades.
Miembros
de la etnia Wayuu cruzan la frontera de Colombia en Paraguachón, estado
Zulia, Venezuela, frente a soldados venezolanos, el 14 de septiembre de
2015 (AFP / Federico Parra)
Hace 20 años la fortaleza del bolívar frente al peso propiciaba
que las mercancías se llevaran de Colombia a Venezuela. Pero tras el
paso de la revolución bolivariana la relación monetaria se invirtió, y
hoy el peso colombiano muestra una fortaleza que muchos añoran en el
lado venezolano, con una economía asfixiada por un modelo centralista
–calificado por el gobierno como socialista- que incluye un control de
cambio que impide la compra y venta libre de divisas y que es generador
de buena parte de las distorsiones en la economía de frontera.
Y para los habitantes de la región todo esto ocurre ante la vista
gorda de las autoridades –civiles y militares-, a quienes no pocos
acusan de beneficiarse de una u otra manera del mismo negocio ilegal que
se supone deben combatir.
Un camino de gasolina
Trasladarse de Maracaibo -la capital de Zulia y tercera ciudad más
importante del país- hasta la frontera en Paraguachón, en el extremo
norte, toma aproximadamente tres horas en una carretera asfaltada,
llamada la Troncal del Caribe, que recorre casi 120 kilómetros.
Soldados
venezolanos detienen un camión en un puesto de control en Paraguachón,
estado Zulia, Venezuela, en la frontera con Colombia, el 14 de
septiembre de 2015 (AFP / Federico Parra)
Y mientras se avanza hacía “la línea” y va quedando atrás la capital
zuliana, empiezan a aparecer tímidamente los vendedores de combustible.
A orillas de la carretera, usando envases de cinco litros para agua
mineral, se ofrece la gasolina para la venta a partir de unos 70 u 80
bolívares el litro. Este precio es al menos 700 veces más alto que el
regulado de 0,097 bolívares por litro que se paga en las estaciones de
toda Venezuela, que a fuerza de subsidios tiene la gasolina más barata
del mundo.
Mientras más cerca se está de territorio colombiano, más caro es el precio del combustible.
Venta de gasolina venezolana de contrabando en Cúcuta, Colombia, el 26 de agosto de 2015 (AFP / Luis Acosta)
Al cruzar “la paila negra” (una carretera llamada así porque se
asemeja a una cacerola ahumada por su total oscuridad en las noches,
además carente de señalización) se enfila hacia la aduana del río Limón.
Este es un punto de control de las autoridades militares, aduaneras y
de inmigración, donde se revisa vehículo por vehículo en busca de
contrabando o indocumentados.
Aquí, apenas a 50 kilómetros de Maracaibo, ya se percibe el ambiente
de frontera. Durante los primeros días del estado de excepción decretado
en esta región a principios de septiembre por el presidente venezolano,
Nicolás Maduro, la fila de vehículos para cruzar esta aduana era
kilométrica, pues la medida del gobierno provocó que este paso se
cerrara por las noches y se reabriera a las seis de la mañana.
Venezolanos
que regresan de Colombia están varados en la frontera en Paraguachón,
estado Zulia, Venezuela, el 9 de septiembre de 2015 (AFP / Juan Barreto)
El trayecto, por recomendación de un taxista de la zona, debe
hacerse de día. “De noche en esta vía roban carros”, dice, como uno de
los crímenes posibles. Faltan el sistema de justicia y las leyes; la
impunidad posible se siente de cerca.
A las seis y media de la mañana la cola ya es larga. Abundan los
vehículos con fallas y recalentamiento pues son sometidos a un régimen
de cientos de kilómetros al día de ida y vuelta a la frontera,
transportando las mercancías que se filtrarán ilegalmente. Con 30 o 40
años a cuestas, muchos de estos automóviles ya no dan para más. Parece
un museo de transporte en el que rugen vehículos Chevrolet Caprice, Nova
y Malibu; Ford Bronco, LTD y Fairlane; y Dodge Dart, entre otros
modelos.
Soldados
venezolanos revisan un vehículo en un puesto de control en Paraguachón,
estado Zulia, Venezuela, el 14 de septiembre de 2015 (AFP / Federico
Parra)
Tras cruzar el río Limón divisamos el territorio wayúu, la etnia
indígena reconocida por el gobierno venezolano como legítima ocupante de
la península, con sus propias leyes y autoridades, y que engloba a
cinco millones de personas entre Colombia y Venezuela, que en la mayoría
de los casos ostentan ambas nacionalidades.
El conductor que nos lleva al paso fronterizo se sorprende de cómo
han mermado las ventas ambulantes de gasolina, cuando lo corriente es
que se acumulen a ambos costados de la vía: los quioscos hechos de
madera y palmas secas, con bidones de gasolina expuestos en la
carretera, han formado parte del paisaje tradicional de la ruta.
Vehículos
esperan para pasar en un puesto de control en Paraguachón, estado
Zulia, Venezuela, el 10 de septiembre de 2015 (AFP / Juan Barreto)
Pese a la reducción, todavía se ven hombres jóvenes y hasta
adolescentes gesticulando números con las manos para ilustrar los
precios: 200, 240, 280 bolívares por cinco litros.
Es notoria la ausencia de un Estado que saque de la pobreza a estas
poblaciones rurales. En los pueblos y caseríos abundan las viviendas
precarias de un solo ambiente, sospechosas de ser depósitos de
combustible. Para sorpresa nuestra, también hay casas muy bien
construidas, pintadas y ornamentadas.
Miembros
de la etnia wayúu cruzan la frontera de Colombia en Paraguachón, estado
Zulia, Venezuela, el 14 de septiembre de 2015 (AFP / Federico Parra)
“Es que los wayúu tienen plata de sus negocios”, dice un
transportista de la zona, sin aludir directamente a la legalidad de esa
economía y evitando suministrar detalles que puedan comprometerlo.
Los contrastes en las casas y el secreto a voces de que los indígenas
están muy ligados a esta economía informal, levantan suspicacias. Un
operativo conducido por la Guardia Nacional venezolana descubrió una
“caleta” o escondite de contrabando dentro de una casa perfectamente
decorada, pero que más allá de cuatro paredes no tenía ninguna
habitación o mobiliario, sino pilas enormes de azúcar y arroz
venezolano, listos para ser despachados hacia Colombia.
Este es el panorama en la población llamada Los Filudos. El
vallenato, la cerveza y el olor a combustible son los símbolos de esta
comunidad.
Venezolanos
que regresan de Colombia están varados en la frontera en Paraguachón,
estado Zulia, Venezuela, el 9 de septiembre de 2015 (AFP / Juan Barreto)
Lo extraordinario se hace cotidiano
Las temperaturas de casi 40 grados centígrados, la humedad y la poca
infraestructura convierten a la Guajira en una zona inhóspita, pero
además desesperanzada ante la falta de alternativas de trabajo.
Las limitaciones en servicios públicos hacen inevitable la pregunta
sobre cómo se atiende a un enfermo en un ambulatorio u hospital en las
cercanías de la frontera. “¡Ay, a esa gente hay que llevarla a
Paraguaipoa o Maracaibo!”, dice una mujer cuya vivienda está edificada a
un costado de la Troncal del Caribe a 200 metros de la línea limítrofe.
Ella misma se queja del cierre de frontera que perjudica su negocio de
venta de alimentos y bebidas, pues asegura que “el contrabando no pasa
por esta carretera, sino que todo el mundo sabe que es por las trochas
(caminos de tierra)”, que son más de 100 según los habitantes del área.
La atención médica no es lo único deficiente. El acceso a los
alimentos es exponencialmente más difícil y costoso que en Maracaibo.
La escasez e inflación en Venezuela, cuyas cifras el gobierno del
presidente Nicolás Maduro ha decidido no reportar, golpean con fuerza a
los habitantes de la Guajira. Algunos economistas estiman en 200% el
aumento del costo de vida al cierre de 2015. El efecto del contrabando o
"bachaqueo" de alimentos se percibe en los costos.
Venezolanos
que regresan de Colombia caminan hacia la frontera en Paraguachón,
estado Zulia, Venezuela, el 9 de septiembre de 2015 (AFP / Juan Barreto)
Un kilo de arroz, cuyo precio regulado por el gobierno venezolano es
de 25 bolívares (0,03 dólares a la tasa de cambio del mercado negro)
puede venderse hasta por 20 veces su valor, es decir, 500 bolívares. Lo
mismo sucede con otros rubros básicos como harina de maíz, café, azúcar.
Estos son precios prácticamente impagables para familias humildes,
considerando que el salario mínimo nacional es casi 7.500 bolívares
(poco más de 10 dólares).
Así, la única opción para muchos pobladores guajiros es comprar los
alimentos en los esporádicos programas sociales de la gobernación del
estado Zulia o del gobierno nacional, donde les suministran cantidades
limitadas de los productos básicos.
La escasez alcanza incluso los billetes de 100 y 50 bolívares, los de
más alta denominación, que son comprados hasta en 30 o 50% por encima
de su valor a ambos lados de la frontera, para poder utilizarlos en la
adquisición de mercancías reguladas en Venezuela. Ante la fuerte
devaluación y por cuestiones de logística, no conviene cargar grandes
fajos. Esto ha provocado que los bancos y cajeros automáticos en las
ciudades fronterizas tengan problemas para dispensar dinero en efectivo a
sus clientes, y que hayan limitado los montos de los retiros.
Soldados
venezolanos montan guardia en un puesto de control en Paraguachón,
estado Zulia, Venezuela, en la frontera con Colombia, el 9 de septiembre
de 2015 (AFP / Juan Barreto)
Militarización en zonas con gran peso electoral
La instauración del estado de excepción y la militarización de toda
la frontera venezolana con Colombia en Zulia, en búsqueda de
contrabandistas y presuntos paramilitares, le creó el inconveniente a
los pobladores de la zona de que los militares les decomisan parte de la
mercancía que incluso compran en programas de ayuda, bajo sospecha de
que es contrabando.
Progresivamente el presidente Maduro ha ordenado, en el lapso de un
mes, el cierre y la militarización del territorio limítrofe de 2.219 km,
restando solo por extender la medida a cuatro municipios del lejano
estado Amazonas, en el sur de Venezuela.
Un
miembro de la Guardia Nacional de Venezuela comprueba las pertenencias
de indígenas Wayuu en una alcabala cerca de Mara, Venezuela, en la
frontera con Colombia, el 14 de septiembre de 2015 (AFP / Federico
Parra)
Pero luego de casi tres semanas de cierre, en Maracaibo y otras
poblaciones de Zulia se sigue presentando una severa crisis de escasez
de productos básicos. Las colas no desaparecen, como tampoco ha ocurrido
en Táchira, y en la totalidad de una Venezuela sumidad en una severa
crisis económica gestada desde 2012, antes de la caída mundial del
precio del petróleo ocurrida el año pasado.
Mientras, a poco más de dos meses de una crucial elección legislativa
que por primera vez podría perder el chavismo, sigue en pie la
militarización de miles de kilómetros de frontera que abarcan Táchira y
Zulia, con un gran peso electoral y donde el estado de excepción limita
el derecho de reunión y autoriza los allanamientos y las escuchas
telefónicas sin orden judicial.
Ernesto Tovar es periodista de AFP en la oficina de Caracas. Síguelo en Twitter.
Soldados
venezolanos revisan un vehículo en un puesto de control en Paraguachón,
estado Zulia, Venezuela, en la frontera con Colombia, el 9 de
septiembre de 2015 (AFP / Juan Barreto)
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