Chaves, tras declarar en el Supremo: “Nunca tomé decisiones ilegales”
Reyes Rincón
Madrid
"Si alguien utilizó fraudulentamente los fondos lo determinarán los jueces", asegura el expresidente andaluz tras comparecerChaves defiende que nunca conoció irregularidades en la Junta
El expresidente andaluz señala en el Supremo que desconocía cómo se concedían las ayudas
El expresidente andaluz Manuel Chaves
ha asegurado hoy en el Tribunal Supremo que no conoció ninguna
irregularidad en el Gobierno que él presidía y que, y si la hubiera
conocido, “no lo hubiera permitido”. Según el acta de la declaración,
Chaves ha defendido que las decisiones de su Gobierno siempre fueron
legales y estuvieron basadas en informes que así lo avalaban. Además, el
expresidente ha asegurado que nunca recibió ninguno de los informes en
los que la Intervención General de la Junta puso reparos al
procedimeinto por el que se condecían las ayudas sociolaborales.
Chaves ha declarado como imputado por el alto tribunal en el caso de los ERE
para defenderse de las acusaciones de la juez Mercedes Alaya, que
considera que, como máximo responsable de la Junta, no solo tuvo que
conocer que las ayudas a empresas se estaban entregando de forma
fraudulenta sino que, además, permitió que las irregularidades se
mantuvieran durante una década. Nada más empezar su interrogatorio,
Chaves ha sostenido ante el juez que los hechos contenidos en la
exposición de Alaya referidos a su persona “no son ciertos”.
El expresidente andaluz ha asegurado que, en contra de lo que dice Alaya, él desconocía el procedimiento habitual para la concesión de las ayudas. El ahora diputado socialista ha advertido al instructor Alberto Jorge Barreiro que él tenía entorno a 200 directores generales, por lo que partía de que el procedimiento a partir del cual se concedían las ayudas era “completamente legal”. Conocía los problemas de muchas empresas y también planteaba la posibilidad de que si había una solución, se adoptara. Pero él solo conocía los criterios "generales" de concesión de las ayudas, que partían de que la empresa beneficiada estuviera atravesando graves dificultades económicas. Él, como presidente, no entraba al detalle de los "criterios concretos" por lo que se entregaba cada una. Eso, ha insistido, era tarea de la Consejería de Empleo.
El expresidente ha señalado también que nunca le llegó ninguno de los informes de la Intervención General en los que se alertaba de la opacidad del sistema de concesión de ayudas. Esos escritos no estuvieron en su mesa y él, al frente del Gobierno, no podía leerse todos los que se emitían en el entorno de la Junta. Además el interventor, ha señalado Chaves, nunca dictó un informe de actuación, una fórmula que sí habría encendido las alarmas y habría tenido que llegar a los máximos responsables del Gobierno andaluz. Chaves ha aludido en varias ocasiones al interventor y al hecho de que este no advirtiera directamente del fraude, pero no ha eludido hacerle corresponsable de que no se detectaran las irregularidades. Si el interventor no hizo informe de actuación, ha señalado Chaves, sería “probablemente” porque no advirtió irregularidad alguna.
A la salida del Supremo, el expresidente andaluz se ha detenido ante lso periodistas para insistir en los argumentos que había defendido en el interior del tribunal: que, durante su mandato, el Consejo de Gobierno "nunca adoptó ninguna decisión ilegal". "Nunca se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal, ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad"l.
Chaves se ha prestado a hacer unas declaraciones ante los medios de comunicación, pero no ha admitido preguntas. Con gesto muy serio, el que fuera presidente de Andalucía ha insistido en que todas las decisiones que tomó el Ejecutivo durante su mandato fueron legales y estaban basadas en informes que así lo avalaban. Chaves, que ha declarado ante el instructor del caso durante dos horas y media, ha defendido las ayudas sociolaborales a empresas, que, asegura, "tuvieron un efecto positivo en los trabajadores, en la lucha contra el paro y el desempleo". "Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos serán los jueces los que determinen si hubo fraude o no, si el fraude era grande o pequeño, lo determinarán los tribunales", en alusión a la declaración que hizo José Antonio Griñán, también tras declarar ante el alto tribunal, enla que admitió que en la Junta "hubo un gran fraude", aunque "no hubo un gran plan"
El que fuera todopoderoso presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años (de 1990 a 2009) y barón indiscutible del PSOE a lo largo de dos décadas tras ganar en la comunidad más poblada de España elección tras elección hasta en seis ocasiones, tres de ellas con mayoría absoluta, ha acudido a declarar a las 9.50 ante el Tribunal Supremo por la responsabilidad que le atribuye en el fraude de los ERE la juez Mercedes Alaya.
La magistrada Alaya cree que Chaves contribuyó, al frente del Gobierno andaluz, a diseñar y a mantener las ayudas sociolaborales que ella considera ilegales. La declaración del expresidente se produce en plena negociación política por la investidura de Susana Díaz, en la que la renuncia de los dos expresidentes andaluces imputados por el Supremo (además de Chaves, José Antonio Griñán) se ha convertido en moneda de cambio. Podemos y Ciudadanos, que más allá del PP son los dos únicos partidos con capacidad para facilitarle a los socialistas los votos que necesitan, condicionan su apoyo a la dimisión de Chaves y Griñán de sus actuales cargos como diputado en el Congreso y senador, respectivamente.
Una vez más la actividad política de Andalucía está marcada por la acción judicial entorno al caso ERE, como ha ocurrido desde que hace cinco años la juez Alaya abriera su investigación sobre las ayudas de la Junta a empresas en crisis. La primera vez que Alaya señaló con nombre y apellido a Chaves fue el 10 septiembre de 2013, justo el día y a la hora en la que los consejeros del primer Gobierno Susana Díaz tomaban posesión de sus cargos en el palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. La noticia estalló como un obús cuando los nuevos miembros del Ejecutivo se disponían a posar para la primera foto de Gobierno: Alaya extendía la responsabilidad penal del caso a los dos últimos presidentes andaluces y a cinco exconsejeros, a los que acusaba de poner en marcha y alimentar el fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de forma arbitraria entre 2001 y 2010.
La Audiencia de Sevilla anuló después aquel auto al entender que la juez no había argumentado, “ni siquiera someramente”, qué hechos concretos constitutivos de delito pudo cometer cada uno de los aforados a los que aludía Alaya. Esos delitos tampoco están concretados ahora, pero el Supremo ha centrado su investigación en prevaricación y malversación, los dos que citaba la magistrada de Sevilla en la exposición razonada que envió el pasado verano al alto tribunal.
Al contrario que Griñán, sucesor de Chaves en la Presidencia, que tuvo que responder ante el instructor de las responsabilidades que Alaya le atribuía en su doble condición de consejero de Economía y Hacienda y jefe del Ejecutivo, el ahora diputado socialista tendrá que defenderse solo de las acusaciones que el juez le asigna como expresidente. Y estas se centran, sobre todo, en que, según la magistrada, no solo es “imposible” que el máximo responsable de la Junta no conociera que se estaba produciendo un fraude, sino que además, contribuyó a que se mantuviera.
“No se trata de que los consejeros de Hacienda, Innovación o el presidente de la Junta conocieran el sistema puesto en marcha por la Consejería de Empleo, es que participaron la mayor parte de ellos en su instauración y todos ellos en su mantenimiento”, afirma la juez, que cree que había una “directriz política” para que la concesión arbitraria de las ayudas a empresas y que Chaves la “avaló”. El sistema puesto en marcha en la Consejería de Empleo necesitaba, según la juez, de una “coordinación de actuaciones con evidentes implicaciones presupuestarias, que debió tener el consenso del presidente de la Junta”.
copy http://economia.elpais
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El expresidente ha señalado también que nunca le llegó ninguno de los informes de la Intervención General en los que se alertaba de la opacidad del sistema de concesión de ayudas. Esos escritos no estuvieron en su mesa y él, al frente del Gobierno, no podía leerse todos los que se emitían en el entorno de la Junta. Además el interventor, ha señalado Chaves, nunca dictó un informe de actuación, una fórmula que sí habría encendido las alarmas y habría tenido que llegar a los máximos responsables del Gobierno andaluz. Chaves ha aludido en varias ocasiones al interventor y al hecho de que este no advirtiera directamente del fraude, pero no ha eludido hacerle corresponsable de que no se detectaran las irregularidades. Si el interventor no hizo informe de actuación, ha señalado Chaves, sería “probablemente” porque no advirtió irregularidad alguna.
A la salida del Supremo, el expresidente andaluz se ha detenido ante lso periodistas para insistir en los argumentos que había defendido en el interior del tribunal: que, durante su mandato, el Consejo de Gobierno "nunca adoptó ninguna decisión ilegal". "Nunca se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal, ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad"l.
Chaves se ha prestado a hacer unas declaraciones ante los medios de comunicación, pero no ha admitido preguntas. Con gesto muy serio, el que fuera presidente de Andalucía ha insistido en que todas las decisiones que tomó el Ejecutivo durante su mandato fueron legales y estaban basadas en informes que así lo avalaban. Chaves, que ha declarado ante el instructor del caso durante dos horas y media, ha defendido las ayudas sociolaborales a empresas, que, asegura, "tuvieron un efecto positivo en los trabajadores, en la lucha contra el paro y el desempleo". "Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos serán los jueces los que determinen si hubo fraude o no, si el fraude era grande o pequeño, lo determinarán los tribunales", en alusión a la declaración que hizo José Antonio Griñán, también tras declarar ante el alto tribunal, enla que admitió que en la Junta "hubo un gran fraude", aunque "no hubo un gran plan"
El que fuera todopoderoso presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años (de 1990 a 2009) y barón indiscutible del PSOE a lo largo de dos décadas tras ganar en la comunidad más poblada de España elección tras elección hasta en seis ocasiones, tres de ellas con mayoría absoluta, ha acudido a declarar a las 9.50 ante el Tribunal Supremo por la responsabilidad que le atribuye en el fraude de los ERE la juez Mercedes Alaya.
La magistrada Alaya cree que Chaves contribuyó, al frente del Gobierno andaluz, a diseñar y a mantener las ayudas sociolaborales que ella considera ilegales. La declaración del expresidente se produce en plena negociación política por la investidura de Susana Díaz, en la que la renuncia de los dos expresidentes andaluces imputados por el Supremo (además de Chaves, José Antonio Griñán) se ha convertido en moneda de cambio. Podemos y Ciudadanos, que más allá del PP son los dos únicos partidos con capacidad para facilitarle a los socialistas los votos que necesitan, condicionan su apoyo a la dimisión de Chaves y Griñán de sus actuales cargos como diputado en el Congreso y senador, respectivamente.
Una vez más la actividad política de Andalucía está marcada por la acción judicial entorno al caso ERE, como ha ocurrido desde que hace cinco años la juez Alaya abriera su investigación sobre las ayudas de la Junta a empresas en crisis. La primera vez que Alaya señaló con nombre y apellido a Chaves fue el 10 septiembre de 2013, justo el día y a la hora en la que los consejeros del primer Gobierno Susana Díaz tomaban posesión de sus cargos en el palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. La noticia estalló como un obús cuando los nuevos miembros del Ejecutivo se disponían a posar para la primera foto de Gobierno: Alaya extendía la responsabilidad penal del caso a los dos últimos presidentes andaluces y a cinco exconsejeros, a los que acusaba de poner en marcha y alimentar el fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de forma arbitraria entre 2001 y 2010.
La Audiencia de Sevilla anuló después aquel auto al entender que la juez no había argumentado, “ni siquiera someramente”, qué hechos concretos constitutivos de delito pudo cometer cada uno de los aforados a los que aludía Alaya. Esos delitos tampoco están concretados ahora, pero el Supremo ha centrado su investigación en prevaricación y malversación, los dos que citaba la magistrada de Sevilla en la exposición razonada que envió el pasado verano al alto tribunal.
Al contrario que Griñán, sucesor de Chaves en la Presidencia, que tuvo que responder ante el instructor de las responsabilidades que Alaya le atribuía en su doble condición de consejero de Economía y Hacienda y jefe del Ejecutivo, el ahora diputado socialista tendrá que defenderse solo de las acusaciones que el juez le asigna como expresidente. Y estas se centran, sobre todo, en que, según la magistrada, no solo es “imposible” que el máximo responsable de la Junta no conociera que se estaba produciendo un fraude, sino que además, contribuyó a que se mantuviera.
“No se trata de que los consejeros de Hacienda, Innovación o el presidente de la Junta conocieran el sistema puesto en marcha por la Consejería de Empleo, es que participaron la mayor parte de ellos en su instauración y todos ellos en su mantenimiento”, afirma la juez, que cree que había una “directriz política” para que la concesión arbitraria de las ayudas a empresas y que Chaves la “avaló”. El sistema puesto en marcha en la Consejería de Empleo necesitaba, según la juez, de una “coordinación de actuaciones con evidentes implicaciones presupuestarias, que debió tener el consenso del presidente de la Junta”.
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