Família denuncia negligência na morte de jovem preso na Venezuela. El juicio contra los líderes catalanes: una cuestión personal para sus seguidores

Família denuncia negligência na morte de jovem preso na Venezuela

AFP/Arquivos / RONALDO SCHEMIDTManifestantes antigoverno entram em confronto com a tropa de choque da polícia em Caracas, 28 de julho de 2017
"Vou morrer", disse Virgilio Jiménez à sua irmã na última vez que falou com ela. O jovem de 20 anos, preso desde 2017, após ter sido detido durante protestos contra o governo de Nicolás Maduro, morreu pouco de hemorragia digestiva.
Parentes e organizações de direitos humanos, que o sepultaram nesta sexta-feira, denunciaram a falta de tratamento médico adequado na prisão de Uribana, onde estava recluso em Barquisimeto (estado de Lara, oeste).
É o oitavo preso do local morto em condições similares este ano, segundo a ONG Observatório Venezuelano de Prisões (OVP), crítica ao governo.
"Ele começou a ter febre em dezembro", relatou sua irmã, Yoliani, à AFP.
Virgilio acabou sendo transferido em 1º de fevereiro a um hospital da cidade, mas quatro horas depois voltou para a prisão, acrescenta Yoliani.
Sua condição piorou e voltou ao centro médico na terça-feira, onde faleceu à noite devido a um choque hemorrágico depois de vários dias de sangramento digestivo.
Quando Yoliani chegou esse dia ao hospital, encontrou Virgilio "delirando".
"Ele me disse: Yoliani, eu sinto que vou morrer", contou. Pouco depois, quandao o jovem foi ao banheiro, "transbordou em sangue".
Virgílio estava preso em Uribana desde 21 de novembro de 2017, detido por militares durante uma onda de protestos da oposição que deixou 125 mortos. Foi acusado de "terrorismo", segundo o OVP, e ainda não tinha sido feita uma audiência sobre o caso.

El juicio contra los líderes catalanes: una cuestión personal para sus seguidores

AFP/Archivos / LLUIS GENEManifestación de apoyo a los dirigentes independentistas catalanes encarcelados tras el intento de secesión en 2017. 1 de febrero de 2019 en Barcelona
Con concentraciones silenciosas, conciertos, comidas populares o vigilias en las prisiones, los independentistas catalanes han mantenido durante meses la llama de la solidaridad con sus líderes encarcelados y objeto de un juicio durante el cual prometen intensificar sus protestas.
Si bien el Tribunal Supremo procesará a partir del martes a solamente doce dirigentes por la tentativa de secesión de octubre de 2017, muchos de sus militantes se sienten también juzgados por haber colaborado en el referéndum ilegal y aupado la fallida declaración de independencia.
"Yo soy independentista de toda la vida y fui a votar (en el referéndum, ndlr) el 1 de octubre, es como si me estuvieran juzgando a mí", afirma Eugenia Fernández, una maestra jubilada de 67 años en una concentración de apoyo a los presos en Barcelona.
En un silencio absoluto, únicamente roto por las campanas de las ocho de la tarde, unas doscientas personas se han congregado en esta protesta semanal celebrada cada lunes desde hace quince meses en la plaza de la Vila de Gracia, el barrio más independentista de la capital catalana.
Junto a la torre con un reloj y una campana levantada en el centro de esta plaza, habitualmente animada por el gentío que llena sus numerosas terrazas, muestran retratos de los líderes encarcelados o de aquellos que se marcharon al extranjero junto a pancartas con la palabra "libertad" en catalán e inglés.
"Estamos aquí por la tremenda injusticia de que nuestro gobierno esté preso y exiliado por hacer lo que les pedimos: luchar para establecer la República catalana", insiste Eugenia Fernández.
"Esto es una reacción contra la barbarie que supone este juicio que no es contra unas personas determinadas sino contra el sentimiento político catalán", explica Ramón Solsona, un premiado escritor catalán que leyó algunos poemas durante el acto.
AFP / Thomas SAINT-CRICQ"Según usted, Cataluña debería ser ..."
Concentraciones similares se celebran en numerosos rincones de la región donde, desde los primeros encarcelamientos en octubre de 2017, los independentistas han elevado a los presos y exiliados casi a la categoría de mártires.
Acusados por rebelión, malversación o desobediencia, la fiscalía pide para los doce juzgados penas de entre 7 y 25 años de prisión en el caso del ex vicepresidente Oriol Junqueras.
Su máximo dirigente en la época, el presidente Carles Puigdemont, no será juzgado por haberse marchado a Bélgica, donde sigue viviendo ahora recibiendo habituales visitas de militantes y autoridades separatistas.
- "Nos juzgan a todos" -
Con el independentismo inmerso en pugnas entre los diferentes partidos y dubitativo entre retomar la desobediencia o apostar por el diálogo con Madrid, los presos son el principal núcleo de unión del movimiento.
En una sociedad todavía dividida a partes iguales entre partidarios y detractores de la secesión, las movilizaciones independentistas parecen haber perdido la fuerza de antaño, cuando llegaron a congregar más de un millón de personas.
Aun así, las organizaciones afines tratan de mantener la llama encendida con actos más pequeños de solidaridad con sus antiguos líderes encarcelados.
Desde su traslado en junio desde cárceles madrileñas a otras en Cataluña, poco después de la llegada al poder español del socialista Pedro Sánchez, los alrededores de los centros penitenciarios se convirtieron en lugar de reunión habitual para sus seguidores.
Allí organizaron conciertos, comidas populares, acampadas nocturnas para dormir cerca de ellos o incluso jornadas de 'castellers', la tradición catalana de construir impresionantes torres humanas.
Y de cara al juicio y sus posteriores meses de desarrollo, las asociaciones y partidos independentistas prometen lanzar un ciclo de protestas, con manifestaciones el 12 y el 16 de febrero en Barcelona, una huelga general el 21 de ese mes y una protesta en Madrid el 16 de marzo.
Asimismo pretenden llevar el conflicto más allá de las fronteras españolas con manifestaciones y acciones propagandísticas en Berlín, París, Bruselas o Londres.
"Al fin y al cabo, nos juzgan a todos. Juzgan a todo un pueblo y a su derecho de autodeterminación", afirmó a finales de enero el presidente catalán Quim Torra en un acto con familiares de los presos donde exigió "su absolución".
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