Detenido el supuesto testaferro del vicepresidente de Argentina
Alejandro Rebossio
Buenos Aires
La justicia uruguaya pide la detención del empresario presuntamente vinculado a Amado Boudou por lavado de dineroDetenido el supuesto testaferro del vicepresidente de Argentina
El empresario vinculado por la Justicia a Amado Boudou está acusado en una causa por lavado de dinero en Uruguay
Alejandro Rebossio
Buenos Aires
21 FEB 2015 - 02:38 CET
Amado Boudou, el pasado 9 de junio. / GUSTAVO AMARELLE (AFP)
El cerco judicial sobre el kirchnerismo se estrecha después de la masiva marcha del pasado miércoles para reclamar el esclarecimiento de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman. Este viernes por la noche fue detenido en la provincia de Mendoza, Alejandro Vandenbroele , el supuesto testaferro que habría usado el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou,
para quedarse con la imprenta que imprimía los billetes de 100 pesos,
según el procesamiento judicial que afecta a ambos. Pero esta vez no es
la justicia de Argentina la que apunta contra Boudou sino la de Uruguay,
que pidió a Interpol su detención por una causa sobre lavado de dinero.
Un juez contra el crimen organizado de Montevideo, Néstor Valetti, quiere indagar a Vandenbroele por sospechosas inyecciones de fondos en una sociedad holandesa, The Old Fund, a través de otra radicada en Uruguay. A través de The Old Fund, Vandenbroele compró con la imprenta de billetes Ciccone. En 2012, su exposa lo acusó ante el periodista Jorge Lanata de ser el supuesto testaferro de Boudou. A partir de entonces comenzó una investigación judicial contra el economista que la presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, había elegido como candidato a vicepresidente en las elecciones en las que juntos habían conseguido el 54% de los votos en 2011.
Boudou, que sonaba entonces como el posible sucesor de Fernández, rápidamente vio truncada sus aspiraciones políticas, pero nunca renunció a su cargo ni pidió una excedencia. La jefa de Estado siempre lo ha respaldado. En 2014, el juez Ariel Lijo lo procesó por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y sobornos. En su escrito de procesamiento Lijo presume que, cuando era ministro de Economía de Fernández entre 2009 y 2011, Boudou diseñó un plan de facilidades de pago de impuestos para que Ciccone saldara deudas con Hacienda y pudiese recibir contratos para imprimir los billetes de 100 pesos. También lo enjuició porque sospecha que realmente Vandenbroele era el hombre de paja del ahora vicepresidente argentino.
El procesamiento de Boudou fue confirmado este jueves por un tribunal superior, pero el fiscal de la causa prevé que el juicio contra él solo se inicie después de las elecciones en las que en octubre próximo se votará al sucesor de Fernández. El supuesto testaferro del vicepresidente ha quedado arrestado, pero ahora habrá que ver si Argentina lo extradita a Uruguay. El Gobierno de Fernández tiene la última palabra.
El escándalo de la imprenta Ciccone, que fue estatalizada en 2013, se suma a las investigaciones judiciales contra la jefa de Estado. A diferencia de Boudou, Fernández no ha sido procesada en ninguna. En enero pasado, cuatro días antes de morir, Nisman la denunció por supuesto encubrimiento de terroristas islámicos. La semana pasada, el fiscal Gerardo Pollicita tomó esa acusación y la incriminó de manera formal. Habrá que ver si el juez a cargo, Daniel Rafecas, desestima la imputación o decide investigarla. Hay prestigiosos juristas que consideran difícil que se pruebe que Fernández cometió un delito en este caso.
Además, el juez Claudio Bonadio investiga a Fernández, sus dos hijos y su sobrina por presunto lavado de dinero a través de la compañía familiar Hotesur. En este caso, un hotel de los Kirchner mantenía contratos con el empresario kirchnerista Lázaro Báez, procesado por blanqueo de capitales.
copiado http://internacional.elpais.com/
Un juez contra el crimen organizado de Montevideo, Néstor Valetti, quiere indagar a Vandenbroele por sospechosas inyecciones de fondos en una sociedad holandesa, The Old Fund, a través de otra radicada en Uruguay. A través de The Old Fund, Vandenbroele compró con la imprenta de billetes Ciccone. En 2012, su exposa lo acusó ante el periodista Jorge Lanata de ser el supuesto testaferro de Boudou. A partir de entonces comenzó una investigación judicial contra el economista que la presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, había elegido como candidato a vicepresidente en las elecciones en las que juntos habían conseguido el 54% de los votos en 2011.
Boudou, que sonaba entonces como el posible sucesor de Fernández, rápidamente vio truncada sus aspiraciones políticas, pero nunca renunció a su cargo ni pidió una excedencia. La jefa de Estado siempre lo ha respaldado. En 2014, el juez Ariel Lijo lo procesó por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y sobornos. En su escrito de procesamiento Lijo presume que, cuando era ministro de Economía de Fernández entre 2009 y 2011, Boudou diseñó un plan de facilidades de pago de impuestos para que Ciccone saldara deudas con Hacienda y pudiese recibir contratos para imprimir los billetes de 100 pesos. También lo enjuició porque sospecha que realmente Vandenbroele era el hombre de paja del ahora vicepresidente argentino.
El procesamiento de Boudou fue confirmado este jueves por un tribunal superior, pero el fiscal de la causa prevé que el juicio contra él solo se inicie después de las elecciones en las que en octubre próximo se votará al sucesor de Fernández. El supuesto testaferro del vicepresidente ha quedado arrestado, pero ahora habrá que ver si Argentina lo extradita a Uruguay. El Gobierno de Fernández tiene la última palabra.
El escándalo de la imprenta Ciccone, que fue estatalizada en 2013, se suma a las investigaciones judiciales contra la jefa de Estado. A diferencia de Boudou, Fernández no ha sido procesada en ninguna. En enero pasado, cuatro días antes de morir, Nisman la denunció por supuesto encubrimiento de terroristas islámicos. La semana pasada, el fiscal Gerardo Pollicita tomó esa acusación y la incriminó de manera formal. Habrá que ver si el juez a cargo, Daniel Rafecas, desestima la imputación o decide investigarla. Hay prestigiosos juristas que consideran difícil que se pruebe que Fernández cometió un delito en este caso.
Además, el juez Claudio Bonadio investiga a Fernández, sus dos hijos y su sobrina por presunto lavado de dinero a través de la compañía familiar Hotesur. En este caso, un hotel de los Kirchner mantenía contratos con el empresario kirchnerista Lázaro Báez, procesado por blanqueo de capitales.
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