El silencio de América Latina frente al Gobierno chavista
Silvia Ayuso
Washington
Políticos y organizaciones critican la falta de respuesta de la región ante las últimas detenciones en Venezuela
El vicepresidente argentino Amado Boudou, en mayo de 2012. / AP
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Alejandro Rebossio
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Representantes de la política y de diversas organizaciones critican la falta de respuesta de la región ante las últimas detenciones en Venezuela
Silvia Ayuso
Washington
20 FEB 2015 - 23:46 CET
Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, en abril de 2014. / SANTI DONAIRE (EFE)
“¿Qué más hará falta para que los gobiernos de América Latina
levanten su voz en contra de la violación de derechos humanos en
Venezuela?”. La pregunta la lanzaba el expresidente colombiano Andrés
Pastrana tras la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro de estar detrás de un presunto golpe de Estado.
Otros expresidentes como Álvaro Uribe o Sebastián Piñera comparten su preocupación. No son los únicos. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se ha desgañitado reclamando que los gobiernos de la región “presionen” a Venezuela en relación con los derechos humanos. Pese a todo, la primera reacción mayoritaria de los gobernantes de la región ha sido, una vez más, el silencio.
Apenas Estados Unidos, al que Caracas acusa de estar involucrado en los presuntos planes golpistas, ha salido abiertamente al frente a negar los señalamientos y manifestar su “profunda preocupación” por la “escalada de intimidación” del Gobierno venezolano, según Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para la región. Jacobson también instó a la región a que “trabaje para asegurar que el gobierno de Venezuela cumpla su compromiso común con la democracia”.
Según el secretario general de Unasur, Ernesto Samper,
la organización sudamericana ya está en ello. El colombiano anunció en
Radio Caracol que los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia viajarán
la semana próxima a Venezuela, tras lo cual podría celebrarse una
reunión extraordinaria para examinar “posibles salidas” a la situación.
“El hecho de que uno esté haciendo una tarea discreta no quiere decir
que no tengamos una preocupación sobre el futuro de Venezuela, ni que
estemos haciendo nada. Estamos trabajando”, aseveró. Algo insuficiente,
considera Santiago Canton, exsecretario ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ahora director del Centro
Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos. “Ya es tarde”, denunció, y
acusó a Unasur de “complicidad” en la situación actual venezolana. “Tal
vez hagan algo ahora, pero ya son responsables, en particular Unasur”,
subrayó, aunque tampoco restó responsabilidades a otras organizaciones
regionales que tampoco “han hecho nada”. Porque no solo la Organización
de Estados Americanos (OEA) cuenta con una Carta Democrática, recordó;
también Celac, Unasur o Mercosur tienen cláusulas de derechos humanos.
“Estas organizaciones son responsables de lo que está pasando”, afirmó
Canton.
La diputada opositora María Corina Machado pidió a la OEA una reunión de emergencia para tratar la situación. El secretario general saliente, José Miguel Insulza, reconoció la “fuerte alarma” provocada por la forma en que fue detenido Ledezma y llamó a “detener los hechos que conducen a una espiral de polarización y que hace imposible la búsqueda de acuerdos que reúnan la voluntad de todos los sectores”.
Para el presidente del laboratorio de ideas del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, no se trata de una falta de preocupación de los gobiernos regionales. “No saben qué hacer porque incluso las críticas más suaves de los líderes latinoamericanos han sido recibidas con una respuesta agresiva de Maduro”, explicó. “Los gobiernos latinoamericanos tienen la sensación de que Maduro no es susceptible a presiones externas”, señaló, “pero eso no es excusa para no adoptar una postura pública decidida”.
Otros expresidentes como Álvaro Uribe o Sebastián Piñera comparten su preocupación. No son los únicos. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se ha desgañitado reclamando que los gobiernos de la región “presionen” a Venezuela en relación con los derechos humanos. Pese a todo, la primera reacción mayoritaria de los gobernantes de la región ha sido, una vez más, el silencio.
Apenas Estados Unidos, al que Caracas acusa de estar involucrado en los presuntos planes golpistas, ha salido abiertamente al frente a negar los señalamientos y manifestar su “profunda preocupación” por la “escalada de intimidación” del Gobierno venezolano, según Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para la región. Jacobson también instó a la región a que “trabaje para asegurar que el gobierno de Venezuela cumpla su compromiso común con la democracia”.
El secretario general saliente, José Miguel Insulza, reconoció la “fuerte alarma” provocada por la detención de Ledezma
La diputada opositora María Corina Machado pidió a la OEA una reunión de emergencia para tratar la situación. El secretario general saliente, José Miguel Insulza, reconoció la “fuerte alarma” provocada por la forma en que fue detenido Ledezma y llamó a “detener los hechos que conducen a una espiral de polarización y que hace imposible la búsqueda de acuerdos que reúnan la voluntad de todos los sectores”.
Para el presidente del laboratorio de ideas del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, no se trata de una falta de preocupación de los gobiernos regionales. “No saben qué hacer porque incluso las críticas más suaves de los líderes latinoamericanos han sido recibidas con una respuesta agresiva de Maduro”, explicó. “Los gobiernos latinoamericanos tienen la sensación de que Maduro no es susceptible a presiones externas”, señaló, “pero eso no es excusa para no adoptar una postura pública decidida”.
Santos rechaza las acusaciones del Gobierno venezolano
ELIZABETH REYES, Bogotá
El presidente colombiano Juan Manuel Santos mostró su
preocupación por la detención de Ledezma pidiendo que se le otorguen
“todas las garantías” para un debido proceso. “Hemos manifestado —en
privado y en público— nuestro deseo de que a los opositores se les
respeten sus derechos. Inclusive hemos pedido la libertad de Leopoldo
López”, dijo en la tarde del viernes.
En una alocución televisada también negó que desde Colombia
exista “complot alguno contra ningún Gobierno” como lo ha insinuado
Nicolás Maduro diciendo que existe un eje Madrid-Bogotá-Miami que
conspira permanentemente contra Venezuela. “Si llego a conocer algo
concreto en este sentido, no solo lo condenaría sino que actuaría con
toda la contundencia de la ley”, agregó. También contó que en las
últimas 24 horas ha promovido consultas con otros países de la región
para buscar soluciones a la crisis que afronta Venezuela con quien
Colombia comparte una frontera de 2.200 kilómetros.
Santos, que recordó que maneja la diplomacia con prudencia y
no con insultos a pesar de las diferencias que tiene con el Gobierno de
Maduro, es de los pocos mandatarios sudamericanos que se han
pronunciado sobre la convulsa situación que vive Venezuela y ha dicho
que mantiene abiertos canales de comunicación tanto con Maduro como con
la oposición. “Siempre hemos creído que lo mejor es promover el diálogo
directo entre el Gobierno y la oposición, para que entre ellos busquen
la mejor salida y la mejor solución a las difíciles circunstancias que
hoy enfrentan. Creemos que solo así Venezuela encontrará nuevamente la
estabilidad política, económica y social que se merece”, dijo.
copiado http://internacional.elpais.com/
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